Contraloría establece indicios de responsabilidad penal en contra de Correa por declaratorias de estados de excepción

Dentro de la auditoría realizada a las declaratorias de estados de excepción y emergencia, la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la república del Ecuador, Rafael Correa.

En esta auditoría se especifica que el exmandatario emitió seis decretos de excepción, dentro de los que se encuentran los decretos 755 y 1001, dictaminados por el incremento de la actividad del volcán Cotopaxi y por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Además, en este examen se determina que se iniciaron procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías que, al parecer, eluden procedimientos de contratación pública, en el marco del amparo que de los decretos de estados de excepción y sus ampliaciones.

Por otro lado, se señala la autorización por parte del Ministerio del Turismo, de una consultoría para desarrollar los estudios de un modelo de gestión, para el desarrollo de soluciones temporales de alojamiento a los prestadores de servicios turísticos afectados

Mientras que en el Ministerio de salud se habría hallado un excesivo pago de USD 89.830 dólares en la adquisición de ayudas técnicas para tratamiento médico personalizado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Bancada de la Revolución Ciudadana exhorta a la justicia a que actúe apegada en Derecho

A través de un comunicado, la Bancada de la Revolución Ciudadana (RC) instó a la administración de justicia a que actúe apegada a la verdad y en Derecho y no caiga en el juego de la persecución política.

El pedido se da como preámbulo a la audiencia de apelación a la medida cautelar de la prisión preventiva de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, quienes están acusados del presunto delito de rebelión por los hechos registrados durante las protestas de octubre.

Los integrantes de la Bancada de la RC señalaron que estarán vigilantes de los resultados de la diligencia, una vez que consideran que se han irrespetado todas las garantías penales, se ha inobservado el debido proceso y se ha violentado el principio de inocencia y de generalidad.

Además, mencionaron que las personas que fueron detenidas por ser sospechosas de los actos vandálicos en el edificio de la Contraloría General del Estado ya fueron liberadas y que incluso se cambió el delito de terrorismo por el de destrucción.

Manifestaron que esa es la prueba que sus coidearios están presos por un delito que no cometieron y destacaron que el objetivo de la persecución es arrebatarle la Prefectura de Pichincha a Paola Pabón y acallar las voces de sus otros compañeros.

Resaltaron que el informe de la CIDH habla sobre la detención de los opositores políticos, así como alertan del acoso que fueron víctimas los comisionados cuando visitaron a la Prefecta en la cárcel de Latacunga. Pese a ello, insistieron en que sus compañeros deben defenderse en libertad.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Este 20 de noviembre se presenta la nueva ley económica

Richard Martínez, ministro de Economía, anunció en la reunión con el bloque legislativo de Alianza País, ayer martes 19 de noviembre, que el nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo, llegará hoy miércoles 20, a la Asamblea Nacional, el cual lo dio a conocer con detalles.

“Como había anunciado el Presidente de la República, vamos a abrir el diálogo con todos los bloques, independientemente de su posición”, aseguró Martínez, estimando que este proyecto de ley lograría ingresos por USD 500 millones al Estado. El objetivo es reunirse también con otros bloques de la asamblea.

Martínez y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se reunieron con la bancada de AP y trabajaron sobre el nuevo proyecto económico. La cual fue anunciada por los asambleístas gobiernistas Ximena Peña y Lenín Plaza. Los dos indicaron que se habría consensuado conocer previamente el proyecto por la bancada oficialista.

Con 70 votos del Pleno Legislativo, se negó y archivó la Ley de Crecimiento Económico, el domingo 17 de noviembre pasado, que envió el presidente Lenín Moreno en el formato de urgente al legislativo.

Romo afirmó que la bancada gobiernista aceptó la propuesta del Ejecutivo. “Hemos recogido algunas de las buenas ideas que ya se tomaron durante el debate”.

Según Fausto Terán, asambleísta oficialista, este es un proyecto más concreto, indicó, centrado el tema tributario. “Hubo una explicación del Ministro punto por punto, que era lo que necesitábamos. Sin embargo, hay cosas que se deben debatir”.

Nuevamente la Asamblea Nacional tratará de manera urgente este proyecto, que no es la única pendiente en la agenda legislativa planteada por el presidente César Litardo, en junio pasado, dijo el titular del Parlamento.

Como antecedente la Asamblea tenía establecido como agenda legislativa 18 leyes que deben procesarse de manera urgente. Estas normativas se separaron (5) en Empleo y Productividad, (8) en Inclusión y Derechos, (3) en seguridad ciudadana y (2) en Reforma Institucional.

Ya hay algunos avances en la agenda, testifica César Solórzano (PSC), primer vicepresidente de la Asamblea, es así que las Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) fueron tratadas y recibieron el veto del Ejecutivo. Que ahora se encuentran en espera del dictamen de la Corte Constitucional (CC) de los temas que vetó el presidente Moreno, por considerarlos inconstitucionales, como el de la despenalización del aborto para víctimas de violación.

Además hubo la aprobación de la Ley para el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, la que igualmente fue vetada por el Mandatario.

Una normativa pendiente que su plazo concluye a fin del año 2019, es la Reforma al Código de la Democracia, que ayer concluyó su segundo debate, donde alrededor 74 legisladores presentaron sus observaciones en los cambios a la normativa para elecciones.

Ximena Peña, que fue la autora del proyecto, tiene pocos días para entregar el informe final y pueda entrar al Pleno de la Asamblea. Se prevé que la votación se realice en la próxima semana.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Representante de jubilados reclama incumplimiento del pago de incentivos

El representante de los maestros jubilados, Alfonso Yánez, reclamó la mañana de este 20 de noviembre de 2019 que el Gobierno no ha cumplido con lo acordado para el pago del incentivo jubilar, sobre todo, con los exdocentes de atención prioritaria.

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional recibió a la ministra de Educación, Monserrat Creamer, docentes del país y a maestros jubilados quienes solicitaron tramitar el pago de incentivos jubilares.

Yánez reconoció que se pagó un porcentaje a los docentes jubilados de 2015, 2016 y 2017, mientras que solo se ha cancelado al 2% de maestros de atención prioritaria (mayores de 70 años y con enfermos catastróficos).

Dijo que 10.500 jubilados esperan el pago; 4 mil validar carpetas y que se canceló a 40 familiares de 620 maestros fallecidos.

“Estamos evidenciando que no se ha pagado”, dijo Yánez, al señalar que los datos entregados por la ministra son inexactos. “Estamos comprobando con evidencias reales, es decir no se ha cumplido lo acordado”, dijo.

Los docentes pidieron a la ministra de Educación que se aceleren los trámites administrativos y que los distritos y zonales cumplan con las disposiciones. Además, solicitaron que hasta el 15 de diciembre se cancele a los maestros jubilados de 2008 al 2017

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Justicia de Brasil requiere a exmandatario paraguayo

La Policía de Brasil busca al expresidente paraguayo Horacio Cartes, para poder arrestarlo bajo los cargos de soborno y lavado de dinero.

Además, se conoce que el juez brasileño Marcelo Bretas incluiría a Cartes en la lista roja de la Interpol para que sea arrestado y responda por la vinculación on un grupo de contrabandistas de divisas que lavaba dinero en Brasil, Paraguay y 14 países más.

Esta operación fue bautizada por la Policía como “Patrón”, debido a que según fuentes, así es como llamaba Darío Messer, el mayor contrabandista de divisas de Brasil, a Horacio Cartes.

Miembros de la Policía Federal brasileña señalaron que su investigación apunto al desvío de USD 20 millones, la mayor parte estaría en un banco en las Bahamas. Asimismo, las autoridades prevén dar más información en las próximas horas.

Hay que recordar que, Messer fue arrestado meses atrás por las autoridades y también es acusado de ser el cabecilla de un grupo dedicado al tráfico de divisas que pagaba sobornos como parte del caso “Lava Jato”, el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil. 

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Indígenas de Sarayaku: Siete años de incumplimientos, continúa el extractivismo en la Amazonia

Los indígenas kichwa de Sarayaku-Pastaza presentaron, el pasado 13 de noviembre, una demanda contra el Estado ecuatoriano en la Corte Constitucional. Dicen que el Estado no da respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ordena el retiro de los explosivos que dejó en el suelo una empresa petrolera argentina en 2003. Además, reclaman que ingresaron sin hacer consulta previa.

Si hay un tema que causa polémica en Ecuador es el de las actividades extractivas en territorios indígenas altamente biodiversos. El Estado ecuatoriano ha perdido varios casos en los tribunales debido a falencias en la realización de la consulta previa, libre e informada en territorios amazónicos, considerados biodiversos y uno de los lugares del planeta con más endemismos por estar cercano a la cordillera de los andes y atravesado por la línea ecuatorial.

Hoy un nuevo proyecto extractivo está en el ojo de la tormenta en la Amazonía ecuatoriana. Si bien el gobierno aceptó la renuncia de una empresa a explotar petróleo en el bloque 79, ubicado en el centro-sur de la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, las críticas apuntan a que el Estado no se pronunció sobre otro proyecto de exploración y explotación que tiene la misma compañía en el bloque 83, igual ubicado en Pastaza debajo de parque Nacional Yasuní, donde se mueven indígenas en aislamiento voluntario del país, además de que se superpone con territorios de los pueblos kichwa y sapara.

En 2016, los bloques 79 y 83 fueron concesionados a la empresa de capital chino Andes Petroleum y esta se comprometió a desarrollar actividades de exploración y explotación. El año pasado la compañía, sin embargo, le solicitó al gobierno ecuatoriano la aplicación de un recurso llamado fuerza mayor para los bloques 79 y 83, por existir razones externas a la capacidad operativa de la empresa que impedían desarrollar las actividades y cumplir con el contrato. Según Andes Petroleum, la oposición indígena a la actividad petrolera en los bloques hace imposible que la compañía explore y explote hidrocarburos en la zona. A principios de este mes el Estado aceptó el recurso pero solo para el bloque 79.

De inmediato, representantes de los pueblos kichwa y sapara, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigieron que el desistimiento se aplique también para el bloque 83. En un comunicado oficial aseguraron que las organizaciones y comunidades indígenas, que son las directamente involucradas en todo el proceso de exploración y explotación petrolera de los bloques 79 y 83, no fueron notificados ni socializados.

A los líderes indígenas les llama la atención que en el documento se habla sobre fuerza mayor en los bloques 79 y 83 pero, finalmente, solo se resolvió el tema para el bloque 79, “cuando el bloque 83 está en la misma situación”.

“El Estado ha mantenido una actitud silenciosa y poco abierta al diálogo, entre otras cosas, esta ha sido también una de las razones por las cuales los indígenas de la Amazonía participaron activamente del paro nacional que se llevó a cabo hace unas semanas atrás y que tenía una fuerte demanda del sector indígena contra las actividades extractivas”, asegura Montahuano, dirigente sápara.

La futura exploración y explotación del bloque 83 —del cual no se pronunció el gobierno ecuatoriano en su resolución— se daría en gran parte sobre territorio de la nacionalidad indígena sapara, la cual apenas tiene cerca de 580 personas en un territorio extenso y que cuenta con un idioma propio —saparo— que solo tres personas hablan con fluidez. Además, la  Unesco declaró al pueblo y a su lengua como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Este ha sido uno de los argumentos de los Sapara para oponerse a las actividades extractivas. Pero no solo esto, en el bloque 83 viven y transitan indígenas en aislamiento voluntario.

“En el marco de la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación del Yasuní, el informe del Ministerio de Justicia en el año 2013 afirmó que los indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane se ubicaban en tres grupos y que el grupo Chuchiyaku se encuentra dentro del bloque 83. Esto ya fue en varias ocasiones mencionado a los ministerios responsables y a la empresa sin que esta información sea tomada en cuenta”, dice el comunicado enviado por los indígenas al gobierno ecuatoriano.

A esto se suma que, en una entrevista con el programa de televisión Visión 360, el nuevo ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, manifestó sus intenciones de conversar con los indígenas no contactados y que se encuentran en aislamiento voluntario. Dicha afirmación despertó la indignación entre los líderes indígenas, quienes la consideraron una idea absurda y hasta cuestionaron el conocimiento que el ministro tiene del tema.

Los kichwa de Sarayaku, con una comisión de 100 personas, interpusieron una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional el pasado 13 de noviembre, pues aseguran que durante siete años no se ha avanzado en nada de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quizás lo que más preocupa en el caso de los kichwa de Sarayaku es el peligro al que siguen expuestos con los explosivos bajo sus suelos. “La detonación de una carga de explosivos en un territorio indígena, que depende de la caza y otros servicios de la naturaleza, es escandaloso. Por un lado ahuyenta los animales de los que subsisten y por el otro, el centro sur de la Amazonía ecuatoriana está catalogado como uno de los hotspots de biodiversidad del mundo”, afirma Benito Bonilla de Fundación Pachamama. (C.D.A.)

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Hoy se realizará la audiencia de apelación a la prisión preventiva de la Prefecta Pabón

Para esta tarde fue convocada la audiencia de apelación a la medida de Prisión Preventiva en contra de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En primera instancia, se convocó a esta diligencia para la semana entrante, pero posterior a esto, los magistrados decidieron adelantar la audiencia para el 20 de noviembre del 2019 a las 16h00.

Según indicó el abogado de la Prefecta, Ramiro Aguilar, esto se da debido a que el Tribunal que le negó el recurso de habeas corpus que se presentó, por lo tanto, exhortó a la Sala que adelante esta diligencia. Además, a la par se realizará la Audiencia de Sustentación para Virgilio Hernández y Christian González.

Cabe recordar que la Prefecta Pabón ha expresado públicamente que está abierta a que se realicen todas las pericias e investigaciones que se consideren pertinentes, pero lo único que solicita es que se respete el debido proceso y le permitan defenderse en libertad.

“Les pido y hago público este pedido, que me coloquen todos los grilletes que quieran, todos los grilletes, que me pongan custodia policial, pero que me dejen presentarme en mi lugar de trabajo, que es la Prefectura de Pichincha”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Reformas al Código de la Democracia deben generar un amplio debate, afirma Luis Verdesoto

Luis Verdesoto, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a la reforma al Código de la Democracia que está en trámite en la Asamblea Nacional, así como a los efectos de los aportes ilegales a las campañas electorales.

Verdesoto indicó que le compete a la Comisión de Justicia de la Legislatura analizar las reformas y para ello debe ejecutar un debate electoral amplio.

El consejero dijo que se debería cambiar el tamaño de las circunscripciones territoriales, con el fin de dar cabida a las minorías.

Actualmente, indicó que el método D’Hondt para la asignación de escaños no da esa oportunidad, por lo que propuso que se tome en cuenta el mecanismo de Webster. Sin embargo, aclaró que el debate sobre estos temas debe motivar a los medios de comunicación y a la sociedad civil a participar.

“Sería un error que el CNE se haga cargo de ese debate, porque es una institución que no está generando un debido resguardo, en virtud de que el país vive problemas políticos con un sistema electoral defectuoso”, sostuvo.

Añadió que otros de los temas de análisis debería ser el voto entre listas que tanto mal le ha hecho al país, así como el procedimental y de género.

Verdesoto expresó que para el fortalecimiento de la democracia sería bueno que se deje atrás el mecanismo tradicional de elección de candidatos por parte de los grupos políticos, para que sean los ecuatorianos los que decidan por un partido o lista.

Dijo que se debe evitar también que los partidos sean de “alquiler” al tener liderazgos que han sido reclutados, para que estén integrados de forma sólida por militantes y no por grupos de firmas.

En cuanto al financiamiento para las campañas, explicó que es un aspecto al que se debe dar una respuesta inmediata, con el fin de evitar que los recursos procedan del narcotráfico o se deslinden de actos de corrupción. En este contexto, hizo alusión al caso “Sobornos 2012-2016” que anteriormente se llamó “Arroz Verde”.

“Hubo implicaciones que fueron motivadas por la legislación que permitía que se tomarán vías alternas para evadir responsabilidades”, puntualizó y añadió que el CNE cuenta con un link para que se hagan denuncias sobre este tema que luego son puestas a consideración de la Fiscalía.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Sobre caso de violación Suecia retira investigación contra Julian Assange

Eva-Marie Persson, la fiscal general adjunta de la Fiscalía sueca, en una conferencia de prensa, indicó que decidió cerrar la investigación preliminar por violación contra el gestor de WikiLeaks, Julian Assange.

«Celebro esta conferencia de prensa para informarles que suspenderé la investigación preliminar», expresó Persson, además dijo que esta decisión puede ser apelada.

Estos cargos de violación del 2010, fueron rechazados por el activista australiano desde el inicio, en tanto los fiscales en el 2017 dejaron la investigación a la deriva, ya que no podían proceder porque Assange estaba asilado en el consulado ecuatoriano, y reabrieron el caso en mayo del 2019.

Una investigación adicional verificada en mayo aclaró que las evidencias usadas en el caso no fueron lo bastante convincentes, detalló la fiscal. Luego de ello aseguró que no interrogará a Assange, ya que su testimonio no aportaría sobre las circunstancias del incidente.

La detención de Assange por parte de la Policía británica sucedió el 11 de abril del 2019, cuando el Gobierno de Lenín Moreno la retiró su condición de asilado diplomático luego de permanecer 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Luego de esta detención fue condenado a cincuenta semanas de prisión, por violar las condiciones de su libertad provisional.

Con el arresto del activista, Washington aprovechó para acusarlo por presunta conspiración, este 23 de mayo pasado, se le imputó 17 nuevos cargos, entre ellos la violación de la Ley de Espionaje.

Assange se encuentra ahora encarcelado en una cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en Londres y enfrenta una solicitud de extradición por parte de EE.UU.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Votación de Ley de Crecimiento Económico evidenció nuevo escenario político al interior de la Asamblea

Con la votación del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, el acuerdo entre las bancadas de Alianza PAIS (AP), Creo, el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) y el Bloque de Integración Nacional (BIN), que logró los votos necesarios para que César Litardo ocupara la Presidencia de la Asamblea, tambalea.

La votación del domingo pasado, 17 de noviembre de 2019, con la que se negó y archivó el proyecto de Ley, evidenció diferencias entre las cuatro bancadas que conforman esa mayoría legislativa. Ese día, Creo, que tras el acuerdo entre bancadas logró la segunda Vicepresidencia de la Asamblea, se abstuvo.

Luis Pachala, coordinador de ese bloque, indicó que el acuerdo se basa en el trabajo legislativo y que pueden existir consensos con quienes quieren laborar. Es así que fue firme al señalar que lo que venga se determinará según los temas.

A este criterio se sumó Eliseo Azuero, del BADI, quien expresó que las coin­cidencias que puedan existir serán con base a temas puntuales.

Cabe recordar que su coideario, Raúl Tello, así como el socialcristiano Vicente Almeyda, fueron quienes mocionaron el archivo del proyecto enviado por el Ejecutivo.

De acuerdo con la votación, de los 32 votos en contra del archivo, 28 fueron de la bancada oficialista de AP. No se evidenció el apoyo de los bloques de Creo, BIN y BADI. Esas bancadas se dividieron entre la abstención y el apoyo a la moción del archivo.

Ximena Peña, una de las coordinadoras de la bancada oficialista, expuso que el proyecto de Ley Económico Urgente fue un tema particular que se politizó. Sin embargo, consideró que el acuerdo entre las bancadas no se rompió.

Incluso, al interior de la misma AP hubo división de criterios. La asambleísta Elizabeth Cabezas se abstuvo de votar, al señalar que algunos artículos no fueron discutidos.

El Partido Social Cristiano (PSC), que en las últimas votaciones había coincidido con la votación de la mayoría parlamentaria, en esta ocasión le apostó al archivo de la propuesta del Ejecutivo.

Pese a ese panorama, Wilma Andrade, de la ID y del BADI, también cree que no existe una fractura de la mayoría legislativa.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano