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Luego de un acalorado debate en la Asamblea Nacional por las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la despenalización del aborto en casos de violación no fue aprobada y con esto se cerró el debate en la Legislatura. Posterior a esto, el Ejecutivo pidió un dictamen de constitucionalidad, para que la Corte Constitucional conozca este caso y emita su criterio sobre estos cambios.

Ante esto, la Corte Constitucional (CC) manifestó que tardaría hasta 20 días en pronunciarse sobre cuatro observaciones que constan en el veto que realizó el presidente Lenín Moreno a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que aprobó la Asamblea en septiembre.

Entre ellas, el Ejecutivo vetó la disposición transitoria segunda del texto legislativo calificándola de inconstitucional “a la luz de los principios de no revictimización”.

Ahí, los legisladores, a pesar de no haber aprobado la despenalización del aborto en víctimas de violación habían incluido un procedimiento para ejecutarlo, y daba al Ministerio de Salud y al Consejo de la Judicatura 90 días para emitir una norma.

Ante esto, el Presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, explicó que el texto llegará en primera instancia a la Asamblea, y esta deberá remitirles para su conocimiento. Luego se devolverá para su debate.

Añadió que una vez que estas reformas lleguen a la Corte serán sorteadas a uno de los nueve jueces y correrán de 12 o hasta 20 días para su trámite.

Fuente: Pichincha universal, República del Banano

El Presidente de la República, Lenín Moreno, y los representantes de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, se reunieron la tarde de este lunes 21 de octubre en Quito como parte del proceso de diálogo impulsado por el Gobierno para analizar las reformas en este sector.

En el diálogo, los representantes de los trabajadores solicitaron al Gobierno que no incluya la disminución de las vacaciones en el sector público ni el aporte de un día de salario al mes en la reforma laboral.

Édgar Sarango, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, indicó que ese tema no pasaría y que se busca una pronta solución.

«Eso está prácticamente desestimado. No pasaría. Apelamos a la voluntad del Presidente de la República para que esto se finalice en el menor tiempo posible».

Otra de las medidas que impulsan los trabajadores es impedir que en las nuevas reformas se incluya una disminución del 20% en la remuneración de los trabajadores públicos que tengan renovación de contratos ocasionales. “Esta iniciativa viola varios derechos”.

En este evento también contó con la presencia del Comité de Empresas de Petroamazonas; y la Federación de Trabajadores Municipales del Ecuador.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Más de 151.000 firmas alcanzó el Comité por la Institucionalización, liderado por Pablo Dávila, en respaldo a su propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y reformar otras dos funciones del Estado, vía reforma parcial.

La organización informó que superó la cantidad mínima (cerca de 133.000) que se requiere para continuar con el proceso que, según la Corte Constitucional, debe ser vía reforma parcial de la Constitución, que debe pasar por una consulta popular.

Su propuesta también busca la independencia de la Fiscalía del Consejo de la Judicatura y también reformar la Asamblea Nacional para volverla Bicameral y que asuma la atribución de designar a las autoridades de control del Estado.

El movimiento político AHORA también se encuentra recogiendo firmas con un objetivo similar: la eliminación del CPCCS y que retorne a la Asamblea la designación de autoridades.

La semana anterior, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la Asamblea Nacional para que continúe con el trámite para limitar las atribuciones del Consejo de Participación, específicamente su potestad de designación de autoridades, vía enmienda.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicó que coordina con el Gobierno para no permitir la paralización del transporte u obstaculización de vías, serán firmes con la ley en la mano.

«Al momento no vamos a autorizar ninguna  marcha porque estamos repavimentando, porque estamos reconstruyendo la ciudad, porque estamos reconciliándonos. No tenemos absolutamente nada que autorizar en este momento» sostiene el burgomaestre.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, como parte del proceso de diálogo impulsado por el Gobierno para analizar aspectos que involucran a este sector.

Acompañado de los ministros de Finanzas y Trabajo, Richard Martínez y Andrés Madero, respectivamente, Moreno recibió en audiencia a Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador; Gabriela Llumiquinga, secretaria del Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroamazonas; y representantes de los trabajadores de varias provincias del país.

El mandatario indicó que una de las responsabilidades más importantes del Ejecutivo es la generación de empleo y comentó que junto con los trabajadores se buscan mecanismos para atender esa necesidad.

Sostuvo que el Gobierno se ha propuesto cuidar los derechos de los trabajadores y para ello ha abierto un diálogo encaminado a establecer consensos que permitan obtener resultados.

Los representantes de los trabajadores presentaron ante el Jefe de Estado y los ministros sus propuestas, con el fin de que el Gobierno las tome en consideración para la reforma laboral. Sin embargo, el ministro Madero, aclaró que este tema se lo ha conversado durante ocho meses al interior del Consejo Nacional del Trabajo.

Por otra parte, el presidente Moreno comentó que es consciente sobre las dificultades por las que atraviesa el sector público, debido a que durante el Gobierno anterior habrían ingresado 160 mil personas.

En tanto, Sarango se mostró presto a contribuir en la reforma laboral. Mientras que Gabriela Llumiquinga, secretaria General del Comité de Empresas de los Trabajadores de Petroamazonas EP, resaltó la intención del Gobierno para generar plazas de empleo en la zona amazónica.

Patricia Plaza, representante de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Ecuador, también espera que se lleguen a consensos con los distintos sectores sociales.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El Pleno de la Asamblea Nacional discutirá, en primer debate, el proyecto de reformas la las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, este lunes 21 de octubre.

Para el efecto, está convocada la sesión 626 del Pleno parlamentario, a las 14h30, en la que también se tratará, en primera instancia, el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social que busca que los afiliados cuenten con una libreta otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la que conste información sobre sus aportes y otros datos importantes.

Las reformas planteadas a la normativa que regula la seguridad social de militares y policías buscan derogar las disposiciones generales primera y segunda, agregadas a las reformas a la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial Suplemento 559 de 30 de marzo de 2009.

Se propone sustituir el primero y segundo artículos innumerados, después del 113 y 128 de las dos leyes, a fin de que, quienes siendo beneficiarios de pensiones de retiro por parte del ISSFA y de la Policía Nacional, estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia, continuarán recibiendo la totalidad de la pensión de retiro que les corresponde.

Así mismo, según la propuesta, gozarán del derecho de atención médica en las unidades de salud militar del Seguro Social de las Fuerzas Armadas y en las unidades de salud policial, dependientes del Seguro Social de la Policía Nacional, en todo momento, posterior a su retiro. El derecho de atención médica no dependerá, en ningún caso, de la nueva situación laboral del afiliado.

Mientras tanto, El proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social (de los civiles) contiene un artículo, una disposición transitoria y una final, con las que se establece que a toda persona que ingrese al sistema de afiliación del IESS se le otorgará una libreta virtual, que contendrá el historial laboral completo de los aportes del afiliado, información de fondos en base a sus aportaciones mensuales, tanto en su cuenta nacional como en la de sus ahorros individuales.

El aporte total deberá estar desglosado en personal y patronal, en el que consta: seguro de invalidez, vejez y muerte, rubros señalados en la Ley Orgánica de Discapacidades, seguro de salud, seguro de riesgos de trabajo, seguro de cesantía, seguro social campesino, gastos de administración; sin perjuicio de que se incluyan nuevas aportaciones que se creen a futuro. La libreta virtual contendrá el monto total acumulado en razón de los rubros descritos cada vez que ésta sea actualizada.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

 A través de una carta, el dirigente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, aclaró que es falsa la información de que se habría encontrado grandes cantidades de dinero en su casa, así como tarjetas de crédito y otros documentos, durante los allanamientos. “Mentiras y falsedades para justificar detenciones y persecución”, precisó.

Relata que en la madrugada del 13 de octubre se detuvo a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, al responsable nacional de acción política, Cristhian González y a un laico del Centro de Formación Monseñor Leonidas Proaño, Pablo del Hierro. “Pablo nunca ha sido, ni es mi colaborador, como dijeron algunos medios de comunicación para justificar el ingreso a su domicilio y a un Centro de Formación Católico”, aclaró.

El dirigente político critica que varios medios de comunicación circularon fotografías de la evidencia que supuestamente encontraron en su casa. “Se mostraron un pasaporte, teléfonos viejos, tarjetas de crédito, un llavero, algún oficio entre otras cosas. Algunos medios de comunicación dijeron que se había encontrado una suma importante de dinero en efectivo. La verdad es que nada de estas intrascendentes documentos se obtuvieron en mi casa”, precisó.

Con respecto al dinero en efectivo que se encontró en uno de los sitios allanados ($5.100 dólares), explica que corresponden a los aportes que hacen los militantes para el funcionamiento del Movimiento, que debían servir para cubrir gastos de arriendo, servicios y pagas mínimos de servicios profesionales a quienes apoyan al Movimiento y que, dicen, no pudieron hacerse porque se desencadenó la movilización nacional.

Además, cuestiona que el Presidente Lenín Moreno dijo el viernes 18 de octubre en la inauguración de un programa de vivienda, que se pagó a entre 200 y 300 delincuentes para realizar un golpe de estado, y que existieron 200 criminales pagados por Correa y Maduro para generar hechos de violencia y que los correistas pagaban a bandas criminales de Quito para que salgan a asaltar.

“A ese respecto cabe preguntarse ¿Cómo puede realizar una afirmación de esa naturaleza el presidente de la República antes de que inicie fiscalía las investigaciones? ¿Cómo puede adelantarse a lo que deben ser conclusiones tanto de fiscalía y jueces? ¿Es creíble que 200 o 300 personas hagan un golpe de estado por encima de las Fuerzas Armadas? ¿Acaso no son estas evidencias de que se quiere fabricar mediática y políticamente el delito de rebelión?”, criticó.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La Fiscalía instaló la audiencia de juzgamiento en contra de María Sol L., exfuncionaria del IESS, y cinco personas más por el presunto delito de peculado en la adquisición de equipos oftalmológicos para varias unidades médicas del país.

Durante el proceso, el juez de Garantías Penales, Máximo Ortega, luego de analizar todos los elementos presentados por Fiscalía, dispuso que se mantengan las medidas cautelares dispuestas para garantizar la presencia de los procesados en el juicio y una posible reparación integral al Estado.

La investigación de este caso inició a raíz de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado. Ese organismo realizó un examen especial al proceso de contratación efectuado por la comisión técnica de la planta central del IESS, relacionado con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de equipos oftalmológicos para varias unidades del IESS, a escala nacional.

El proceso investigativo liderado por Fiscalía determinó que María Sol L. formuló la necesidad para la adquisición de los equipos sin que existiese un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas a las que iban a ser destinados y sin contar con un estudio de mercado que sustentara el precio y el beneficio para el IESS. Sin embargo, y aunque no contaba con la facultad legal para requerir equipos, esta acción no fue objetada por los directivos de la entidad.

Asimismo, durante la etapa precontractual no se habría tomado en cuenta otra oferta más económica, que también cumplía con los requisitos solicitados.

Bajo este antecedente, el juez de la causa decidió continuar con el trámite legal e instalar la audiencia de juzgamiento.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, desmintió el artículo publicado en un medio de comunicación del país, en el cual, se lo acusa a él y a varios líderes indígenas de vivir en bonanza y tener cuantiosos bienes, propiedades y hasta acciones de varias empresas en Ecuador.

Ante esto, Vargas recalcó que iniciará acciones legales en contra de este medio de comunicación, ya que según sostiene estas calumnias buscan desprestigiar su accionar y confundir a la ciudadanía.

“Frente a las infundadas y temerarias difamaciones de Diario El Expreso sobre supuestos bienes y propiedades atribuidos a mi persona y otros líderes del movimiento indígena, en mi calidad de Presidente de la CONAIE me reservo el derecho que me asiste a emprender las acciones legales pertinentes frente a tales calumnias que buscan desprestigiar nuestro accionar y confundir a la ciudadanía”.

De igual forma, indicóque ni él, ni los dirigentes indígenas tienen propiedades individuales, sino que todo se fundamenta en bienes colectivos de las organizaciones a las que representan.

“Estas difamaciones no nos asustan y no nos callarán porque tras nuestro están miles de mujeres, jóvenes, niños y ancianos junto a quienes luchamos por intereses comunes”.

Por su parte, Salvador Quishpe, líder indígena, también rechazó estas acusaciones y exhortó al medio a probar las aseveraciones en su contra.

“Típicas mentiras de los que se creen dueños de la verdad. Exijo que Expreso demuestre públicamente los documentos que den cuenta que tengo una empresa o acciones en una empresa de lácteos, como lo afirman. De lo contrario quedarán como unos viles mentirosos”

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, emitió un comunicado para alertar de presuntos atentados contra su integridad y la de su familia. Ante esto, responsabilizó al Presidente de la República, Lenín Moreno, por su bienestar, el de su familia y el de su equipo de colaboradores.

Aleaga asegura que las amenazas y atentados en su contra iniciaron cuando denunció penalmente al Presidente Moreno por mantener presuntas cuentas offshore en paraísos fiscales.

“Los procesos judiciales iniciaron en Ecuador, España, Panamá y Suiza y desde ese momento las amenazas y atentados contra mi integridad, la de mi familia y la de mi equipo de trabajo, no han parado hasta la fecha”.

En este sentido, manifestó que todo esto se ha intensificado en las últimas semanas, cuando el Presidente Moreno lo catalogó sin prueba alguna de “delincuente, pandillero, asesino y violador”. “Se ha desatado una gran ola de mensajes violentos que solo buscan intimidarme y, además, este fin de semana se me ha notificado el retiro de la escolta policial que mantenía mi custodia”.

El legislador argumentó que la custodia policial habría sido retirada debido a que las autoridades consideraron que su nivel de riesgo es bajo, a pesar de tener amenazas constantes.

“Lo hacen argumentando que mi nivel de riesgo es bajo, aun habiendo sufrido amenazas y atentados contra mi integridad. Sumado a esto, mi rostro, nombres y apellidos fueron expuestos y difundidos por parte del Gobierno Nacional para fomentar odio en la ciudadanía”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano