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El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, destacó que no hay ninguna Institución nacional o internacional que apoye la decisión de la Arcotel de retirar el título habilitante a Radio Pichincha Universal: “Organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana se han pronunciado a favor del medio, también lo hizo un juez Constitucional que entregó medidas cautelares y el relator especial de la Libertad de Expresión. Es tan evidente la afectación a un derecho que no hay un funcionario que la mantenga y pese a eso el Gobierno lo hace”.

Carrión reconoció que la Defensoría recibió una alerta sobre el medio de comunicación, pero resaltó que la entidad decidió no pronunciarse porque consideró que no podía limitar la libertad de expresión.

“No aceptó el caso, ni se pronunció. El afectar el contenido como tal es afectar el derecho a la libertad de expresión que tiene una clara orientación política”.

Remarcó que la solitud sobre el medio no se justificaba porque se relacionaba con el contenido, incluso mencionó que la Arcotel apuntaba que hubo vulneración a la seguridad del Estado y al Código Integral Penal: “En eso hay que ser claros si hubiese vulneración a la ley, si se cometió un delito primero se necesita determinar la existencia del delito y la responsabilidad porque de lo contrario se estaría violando el debido proceso”.

En ese marco manifestó que llama la atención que ante la decisión de la Defensoría del Pueblo se use un informe del Ministerio de Defensa  que terminó convirtiéndose en un elemento para sancionar a Radio Pichincha: “Eso no es dable, el Ministerio de Defensa no tiene competencia para establecer que un medio de comunicación está atentando contra la seguridad del Estado”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Una investigación de UDLA Channel, titulada “Los Once”, daba cuenta de un presunto error de la Defensoría del Pueblo respecto al número muertos que dejó el paro de octubre de 2019, en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles, decretado por el presidente Lenín Moreno.
Como parte central de la investigación, se verificó en el Registro Civil que el ciudadano José Rodrigo Chalouisa está vivo y que, por tanto, no es una de las víctimas que presuntamente había incluido en su informe la Defensoría del Pueblo.

De esta información periodística se hizo eco la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Unos jóvenes, futuros periodistas, hicieron algo sencillo: buscar al supuesto fallecido en el Registro Civil. La Defensoría no contrastó ni lo más elemental. Asamblea y hasta CIDH le creyeron. Buscar la verdad no es tan difícil, lo dije desde el 15 de octubre.”

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aclaró que la entidad no reportó en la lista de víctimas a José Rodrigo Chalouisa, sino a José Rodrigo Chaluisa, y ratificó que son 11 las personas que fallecieron durante el paro de octubre, aunque las circunstancias específicas deben ser determinadas por la Fiscalía, por ser el organismo competente. Carrión reveló que la fuente de la investigación de UDLA Chanel, sobre la supuesta víctima, es el ciudadano Marco Vinicio Bolaños Matango, quien tiene antecedentes penales.
En la página web del Consejo Nacional de la Judicatura constan tres procesos judiciales en su contra, todos por estafa, en las unidades judiciales penales de Tulcán, Manta y Esmeraldas.

En el juicio seguido en Manta, Marco Bolaños fue condenado, en febrero del año 2017, a 20 meses de prisión y al pago de 12 salarios básicos unificados. Además, está reportado en la línea 1800 delito.
Por estos antecedentes, Freddy Carrión restó validez a la información que proporcionó Bolaños a UDLA Channel, tras explicar que ese mismo ciudadano denunció que es hermano de Edwin Bolaños, quien falleció en las cercanías del hospital Eugenio Espejo, durante el paro. Ese testimonio no fue acogido por la Defensoría del Pueblo.

Repudió que la ministra de Gobierno haya dado validez a esa fuente. “La preocupación mayor es que una ministra de estado haya tomado un reportaje investigativo con una fuente delincuencial y, sobre la base de eso, haya sacado un artículo a todo el país, generando dudas respecto de la información que presentó la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de confundir y generar dudas”, señaló Carrión

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

 Con 49 votos afirmativos, 13 negativos y 46 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional ni si quiera dio paso para debatir la posibilidad de que Ricardo Freire, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), explique la disposición de la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal. Moción que fue presentada por la legisladora Marcela Holguín (RC) en la sesión de este martes 28 de enero.

El presidente Lenín Moreno, recordó Holguín, en febrero de 2019 firmó la declaración de Chapultepec, que establece: “que ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar del medio que se trate”.

La legisladora señaló que la semana pasada ARCOTEl dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal. Con esta acción, dijo, “quieren callar por tercera vez la voz de la radio”.

Además, lamentó que, desde hace varios meses, se ha venido dando retrocesos en esta materia. “Se ha restringido el ejercicio de la libertad de expresión del país a través de diversas prácticas como bloqueo de portales web y redes sociales, así como de canales internacionales, que fueron críticos con el accionar de este Gobierno”, precisó.

Por último, criticó que se haya intentado pasar proyectos de ley que pretenden, dijo, “regular el uso de redes sociales y judicializar la opinión de la web”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El próximo 30 de enero se reinstalará la audiencia de juicio por el delito de concusión contra la exasambleísta del movimiento Alianza PAIS (AP) y exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.

El Tribunal integrado por los jueces Marco Rodríguez (ponente), Daniella Camacho y Wilman Terán convocaron para esa fecha a la reinstalación de la audiencia, una vez que hace 19 días la suspendieron luego de tres días seguidos de escuchar a las partes.

En la diligencia participaron el fiscal general subrogante Wilson Toainga; el representante de la Procuraduría, Marco Proaño; y Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña.

Toainga dijo que durante los días de audiencia logró comprobar que la exasambleísta habría actuado en el grado de autora directa del delito de concusión al exigir y recibir dineros de colaboradores como Ángel Sagbay a cambio de estabilidad económica.

El fiscal pidió al Tribunal que para sentenciar a la exfuncionaria se tome en cuenta el agravante de que Vicuña cometió el delito de concusión en su lugar de trabajo, es decir, en la Asamblea Nacional.

En tanto, para Sagbay, la Fiscalía solicitó una reparación integral de USD 23 000, mientras que como multa señaló que se debe aplicar el cuádruple de esa cifra para la víctima indirecta.

A su vez, la Procuraduría, como acusadora particular, solicitó que la sentencia disponga una reparación integral para el Estado de USD 23 300.

Por su parte, la defensa de Vicuña aseguró que Fiscalía no ha logrado demostrar cómo la exlegisladora exigió a sus colaboradores los dineros que, por ejemplo, Sagbay dice entregó de forma obligada, o cómo su cliente se benefició de los dineros recibidos.

En la reinstalación de la audiencia se conocerá si el Tribunal condena a Vicuña o la declara inocente de todo cargo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, le recordó al Gobierno que una Institución de Derechos Humanos es un contrapoder del Estado que se puede volver incómodo cuando denuncia vulneración a los derechos fundamentales por parte del régimen o sus instituciones: “Entonces la mejor forma es atar a la Institución que no se alinea a una política de Gobierno que claramente está equivocada”.

Cuestionó que en lugar de responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su informe habla expresamente de un uso excesivo de la fuerza e impulsar una política que repare a los heridos y a los familiares de las víctimas mortales de las manifestaciones de octubre, el régimen se dedique a contraatacar a la Institución Nacional de Derechos Humanos como lo es la Defensoría del Pueblo: “La estrategia del Gobierno ha sido evadir, eludir y sobre todo distraer la atención sobre  las instituciones que exigimos del Estado el respeto de los DDHH y que nada se ha hecho para reparar a las victimas de las protestas, los familiares de los muertos y las personas detenidas ilegalmente”.

Se refirió al reportaje de UDLAChannel que fue citado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para poner en duda  el número de muertos que dejó el paro nacional y resaltó que la tarde del lunes 27 de enero recibió dicho trabajo periodístico en el cual los estudiantes habrían reconocido que no verificaron la fuente: “Se prestan de un testimonio falso del señor Marco Vinicio Bolaños”.

“A mí me llama la atención que una ministra de Estado se haya hecho de una investigación que manipula la información para tratar de crear dudas y cuestionar el trabajo de la Defensoría del Pueblo”.

Detalló que el señor Bolaños ya había querido dar un testimonio falso a la Defensoría y a la CIDH, afirmando que su supuesto hermano Edwin Bolaños murió en las protestas y fruto de aquello su madre también falleció.

“Frente a eso luego se va al UDLAChannel y se presenta ahora como familiar de José Rodrigo Chaluisa y da información falsa, lo hemos identificado al señor, que ha estado condenado por estafa y está siendo buscado como delincuente en 1800 delito”

En todo caso recordó que el régimen tuvo responsabilidad de lo sucedido desde el primer día que salió por medios de comunicación a señalar que no derogará el decreto 883 y luego de once días de protesta con 11 muertos, 1340 heridos y más de 1200 aprehensiones de las cuales el 80% fueron ilegales, decide derogan la medida: “Dónde están los entes políticos para cuestionar al régimen que se precipitó en las medidas”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Christian Pino, experto en derechos humanos, criticó que el Gobierno Nacional, a través de sus distintos organismos, este tratando de mantener un relato insostenible de las protestas de octubre del 2019, insistiendo que hubo un intento de golpe de Estado y en ese contexto enmarcar la legalidad de la reacción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, esto pese al golpe contundente que sufrió con los informes de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A criterio del jurista el régimen intenta deslegitimar a los organismos que han denunciado el uso excesivo de la fuerza durante el paro nacional, porque está en el apuro de tomar medidas de corte neoliberal que no pudo poner en toda su amplitud producto de las protestas: “Entonces me da la impresión de que quiere plantear un escenario para ponerlas en el futuro”.

Sobre el caso de Radio Pichincha Universal, Pino cuestionó que la Arcotel haya enviado la resolución de retirar el título habilitante al medio unos días antes de la audiencia de apelación que la misma Institución presentó a la Corte Provincial de Pichincha: “Es una decisión que es apresurada”.

“Cuando lees la resolución administrativa no se encuentra un elemento esencial que conecte los hechos con el tipo sancionatorio que se quiere aplicar, que es la seguridad nacional. Hay una irracionalidad de argumentar esto sobre la lógica del decreto de estado de excepción cuando el mismo no habla de la limitación de la libertad de expresión”.

Reiteró que la decisión de la Arcotel es de corte administrativo apresurado y hecho a última hora: “En una circunstancia grave como la libertad de expresión que da cuenta de que el Gobierno quiere infiltrar el discurso de violencia, injerencia extranjera, intento de golpe de Estado cuando en realidad hubo un ejercicio del pueblo del derecho a la protestas para oponerse a unas medidas económicas”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Ante las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre que la Defensoría del Pueblo se inventó un muerto en el paro de octubre, el titular de dicho organismo defendió la labor institucional y ratificó el nombre de José Rodrigo Chaluisa como una de las víctimas de las protestas.

En una rueda de prensa el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, comentó que la institución abrió un expediente preliminar con un reporte de personas fallecidas, heridas y aprehendidas, a través de informes que fueron entregados a la Asamblea Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión para la Verdad y Justicia que analizaron los hechos de octubre con el fin de determinar causas y responsabilidades.

Comentó que la Defensoría monitoreó e hizo un levantamiento de la información sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos y sobre eso, sostuvo, que les corresponde determinar a la Comisión para la Verdad y Justicia, así como a la CIDH los sucesos bajo un proceso de investigación, contrastación y verificación.

En este contexto, puntualizó que la Defensoría del Pueblo no se ha inventado datos y que la información corresponde a un trabajo responsable, ejecutado por personal especializado.

Ratificó que José Rodrigo Chaluisa sería una víctima de la violencia del paro nacional de octubre y que esa información no puede ser manipulada ni tergiversada, porque consta en el expediente defensorial que está en manos de la CIDH y de la Comisión para la Verdad y la Justicia.

Además, exigió responsabilidad en el manejo de fuentes dentro de un proceso de investigación periodística. Esto ante la versión de la ministra Romo de que un grupo de futuros periodistas de la Udla habría señalado que el nombre de José Chaluisa habría sido repetido en ese listado, pero con la diferencia de que era Chalouisa.

Sobre este tema, el Defensor aseguró que jamás la institución reportó el nombre de José Rodrigo Chalouisa entre las personas fallecidas en el marco del paro nacional, sino que se anunció el nombre de José Rodrigo Chaluisa.

Enfatizó que el reportaje de Udla Channel genera confusión porque recurre a una fuente de escasa credibilidad como sería Marco Vinicio Bolaños Matango, quien tendría en su contra procesos por estafa e incluso habría informado a la CIDH sobre la presunta muerte de su hermano, Edwin Bolaños, de quien la institución verificó que ni siquiera existe.

Finalmente, el funcionario indicó que ahora a la Fiscalía le corresponde investigar las causas y circunstancias de las muertes.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el cual hace alusión al ciudadano chino que posiblemente sería el primer contagiado de coronavirus en Ecuador y pide su deportación.

En una de sus publicaciones solicitó que: “¡Deporten al chino sospechoso!”, lo cual le significó una serie de críticas en redes sociales y calificativos como xenófobo e intolerante, aunque horas más tarde el legislador aclaró que simplemente se trataba de una broma.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El presidente Lenín Moreno designó a la actual fiscal general del Estado, Diana Salazar, como integrante de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), cuyas funciones duran seis años.

Junto con Salazar, Moreno nombró a Carlos Estarellas Velásquez, Gonzalo Salvador Holguín y José María Pérez Nelson. Ellos fueron escogidos por la Oficina Internacional de la CPA con sede en La Haya, Países Bajos, y actuarán como árbitros.

El 22 de noviembre de 2019, el Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó la postulación de los cuatro ecuatorianos expertos en derecho internacional, que era parte de uno de los requisitos para la designación.

A Estarellas su nombramiento le tomó por sorpresa. “Creo que es una generosidad del canciller (José Valencia) al proponer mi nombre, me imagino que es un reconocimiento a más de 30 años de vivir dedicado a investigar temas internacionales…”, sostuvo.

Indicó que los Estados miembros de la CPA tienen derecho a postular a cuatro personas, pero que una vez designadas responderán directamente al organismo durante un período de seis años.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El diplomático británico se encuentra de visita en el Ecuador, entre el 27 y 28 de enero.

En el marco de su visita oficial al país Sir Simon McDonald, dictó este lunes la conferencia «Política Exterior del Reino Unido», en la Cancillería del Ecuador. En su conferencia habló acerca de la política exterior del Reino Unido y resaltó las áreas de cooperación entre los dos países.Cancillería Ecuador✔@CancilleriaEc

#DiplomaciaActiva | Vicecanciller @CristianEsp_Ec se reúne con @SMcDonaldFCO, Jefe del Servicio Diplomático de la Cancillería británica, @foreignoffice, en el Palacio de Najas, sede de @CancilleriaEc

Fortalecemos las relaciones bilaterales

111:11 – 27 ene. 2020Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Cancillería Ecuador

«Los diplomáticos siempre tienen una función clave de comunicación entre países. Los diplomáticos, especialmente aquellos que son llamados a la carrera recientemente, creo que están llevando a cabo una profesión esencial y con un futuro brillante», afirmó.

El Vicecanciller Cristian Espinoza señaló que su estadía en el país “contribuirá a fortalecer los lazos entre Ecuador y Reino Unido, en distintas áreas, y llevar al más alto nivel la relación bilateral”. 

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano