Desde la ONU, Michelle Bachelet entrega Informe de Misión de DDHH en Chile

Este viernes 13 de diciembre, se dio a conocer el Informe de la Misión del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH). Un equipo enviado por Michelle Bachelet, visitó el Chile desde el 24 de octubre hasta el 22 de noviembre, con el fin de constatar las violaciones a los derechos humanos en la vigencia del estado de emergencia y en las manifestaciones por la crisis social.

Este equipo estaba compuesto por cuatro personas que estuvieron en el país del Cono Sur, en su estadía visitaron siete regiones para constatar eventuales violaciones a los derechos humanos, en el estado de emergencia y las jornadas de protesta social en Chile. En tres meses la Misión revisará la aplicación de todas las recomendaciones.

El Informe de la Misión en Chile de las Naciones Unidas (ONU), es un dosier de 35 páginas, donde se aborda la situación de crisis que vive este país Latinoamericano en relación con los derechos humanos frente a las jornadas de protesta social.

Para la Misión de la ONU, refleja un alto sentido de importancia que incluye temas relacionados con la Violación a los derechos humanos, como: violaciones de normas internacionales sobre el uso de la fuerza, privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucra a agentes estatales, otras muertes en las protestas, lesiones incluidas lesiones oculares por uso de perdigones y otros dispositivos, tortura y malos tratos, violación y violencia sexual, acceso a servicios de salud de los afectados, arrestos y detenciones ilegales y/o arbitrarios.

Otro de los parámetros que se adjunta en este informe es los Actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y destrucción de bienes; y el Impacto en personas y grupos específicos como niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas, trabajadores de la salud y otros voluntarios.

Además de las conclusiones, es importante destacar las recomendaciones que hace la Misión del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH, donde se puede destacar varias de ellas, una urgente dice, que se ponga fin inmediatamente al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para el control de las manifestaciones, las que se podrán utilizar “solo con munición autorizada y conforme con los estándares internacionales”.

Que los Carabineros tengan las identificaciones adecuadas para asegurar la supervisión civil, es otra de las sugerencias de la Misión, además, el sistema de servicio Médico Legal debe estar fortalecido y se puedan aplicar los Protocolos de Estambul, y (Protocolo de Minnesota), que se refieren a manuales de Investigación y Documentación Efectiva de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde puedan acceder todas las personas detenidas.

Realizar una mesa de diálogo, enmarcado en los mecanismos de derechos humanos de la ONU, con el fin de identificar las causas estructurales de las protestas, desde los niveles económicos y sociales y de discriminación.

Una recomendación muy altruista de la Misión de la ONU, puede ser el asegurar que para el proceso de la elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres), con la participación de toda la sociedad.

Conclusiones de la ACNUDH

Se puede observar en el Informe de la Misión del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH, indica que las manifestaciones en Chile desde mediados de octubre, tiene múltiples causas entre ellas la desigualdad social y económica. Han ejercido el derecho a la asamblea pacífica en paz, pero hubo ataques a las fuerzas del orden e instalaciones. También hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados.

Para la Misión de la ACNUDH, “hay razones fundadas” para indicar que en todo el país hay un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, como el uso excesivo o innecesario de la fuerza, privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones en su gran mayoría fueron en la Región Metropolitana y centros urbanos.

La ACNUDH asegura que ciertas violaciones a los derechos humanos, fue por el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos. No distinguieron entre manifestantes violentos y pacíficos aun cuando la manifestación era pacífica, o cuando intentaban llegar a algún punto de encuentro.

El usos de armas menos letales fue desproporcionado y usados a corta distancia, esto fue observado durante todas las manifestaciones pacíficas, e incluso en los enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros. Razón por la que existe un alarmante número de lesionados en los ojos o la cara, por el uso de perdigones de plomo. Las medidas de mitigación que tomaron las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas.

La ACNUDH documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Hubo numerosas detenciones indiscriminadas que serían arbitrarias en concordancia con la normativa internacional.

Las personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas con violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que serían «desaparecidas», eso equivale a tortura, indica el Informe. Muchos de estos 32 casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y los perpetradores no debidamente identificados.

Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI sufrieron formas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), en las detenciones. Hubo casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes, se han visto especialmente afectados estudiantes, líderes estudiantiles hostigados o atacados.

Las instituciones autónomas de derechos humanos, su personal incluido periodistas y trabajadores de la salud sufrieron restricciones a su trabajo, o represalias en el desempeño de sus labores.

Preocupa a la ACNUDH el bajo número de juicios “contra presuntos los autores de violaciones a derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”. No existe información pública de las fuerzas de seguridad sobre acciones adoptadas en garantía a la rendición de cuentas.

“Distintas instituciones han adoptado medidas para garantizar la investigación de violaciones a los derechos humanos, para asegurar el acceso a abogados de los detenidos”. “Los tribunales han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica”.

Finalmente en las conclusiones “la ACNUDH reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.

Recomendaciones al Estado chileno:

Una de las primeras recomendaciones al Gobierno chileno es que las personas puedan manifestarse ejerciendo sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, sin riesgos a su integridad física y derechos humanos.

Asegurar que las fuerzas del orden público acaten las normas internacionales del uso de la fuerza en todo momento. Usar métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, si es necesario usarlas, se lo haga de conformidad con las normas internacionales.

Lo urgente que solicita este Informe es “poner fin de inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. Estas deben utilizarse solo con munición autorizada y conforme con los estándares internacionales relevantes”.

“El uso de gases lacrimógenos debe ser excepcional y solo cuando sea estrictamente necesario y no dentro ni cerca de establecimientos de educación ni de salud”. Además se debe evitar herir con los cartuchos de gas lacrimógeno, dar instrucciones sobre el uso adecuado, por ejemplo disparar en un ángulo pronunciado y nunca horizontalmente, según las normas internacionales.

También se exige que se tomen algunas medidas con respecto a Carabineros, como asegurar la supervisión civil, garantizar que tengan la identificación adecuada (incluidas cintas con los nombres e identificaciones en los vehículos). Que se fortalezca los sistemas de registros de detención que debe ser accesible para las instituciones de derechos humanos en el país. Asegurar que se reciban capacitación de vanguardia sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades.

Que cuando excepcionalmente intervengan “militares en tareas de seguridad, su participación debe ser: a) temporal y restringida; b) subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; c) regulada y d) fiscalizada por órganos civiles competentes”.

Que el Estado cumpla el deber de investigar todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El Estado debe acelerar las investigaciones y los juicios.

Los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos deben ser suspendidos de sus funciones durante el tiempo que dure la investigación. Asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a un recurso fácil, rápido y efectivo en forma de procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios, entre otros.

Recurrir a medidas y acciones necesarias para asegurarse que no ocurran violaciones de derechos humanos desde las fuerzas del orden en el contexto de las manifestaciones, con respecto a la tortura y la violencia sexual.

Otra de las recomendaciones que se pueden ver como diferentes es aquella que hace referencia al fortalecimiento de las capacidades del Servicio Médico Legal, ministerios públicos especializados y otro personal médico en relación con el Manual sobre la Investigación y Documentación Efectiva de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes como el Protocolo de Estambul, y el Protocolo Modelo para una Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minnesota).

Ante ello se exige que todos los detenidos estén sujetos a exámenes médicos por parte del personal de atención médica después de su arresto, de conformidad con el Protocolo de Estambul. El sistema de atención de la salud debe mantener un registro de las lesiones de posibles torturas o los malos tratos y de denuncias de presos entorno a las protestas sociales.

Otro pedido a favor de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y quienes brindan asistencia en el contexto de las manifestaciones, puedan realizar su trabajo sin restricciones ni temor a represalias.

Adoptar medidas para asegurar que el derecho penal no criminalice la protesta social.

Otro de las recomendaciones audaces del Informe de la ACNUDH es que se establezca un mecanismo de múltiples partes interesadas, con la sociedad civil y la academia, junto a representantes del gobierno y del sector privado, con el fin de identificar las causas estructurales de las protestas, desde los niveles económicos y sociales y de discriminación, y recomendar acciones para abordarlos. Pero como en Ecuador las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU deberían enmarcar dicho diálogo.

Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos —incluido el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura— y la Defensoría de la Niñez, tengan recursos adecuados para cumplir su mandato de manera efectiva en todas las regiones del país, especialmente a la luz de la mayor carga de trabajo.

Una recomendación muy altruista de la Misión de la ONU, puede ser el asegurar que para el proceso de la elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres), la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Insiste en que “los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.

Chile deberá ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como último punto sugiere “establecer un mecanismo de seguimiento, con la Oficina Regional de la ACNUDH para América del Sur (ROSA), con la participación de la sociedad civil, para evaluar, en tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos. El mecanismo debe tener por norte el establecimiento de medidas para evitar la repetición de tales eventos. Los resultados del trabajo de dicho mecanismo deben hacerse públicos”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Sofía Espín analiza una demanda contra los 94 asambleístas que votaron por su destitución

Sofía Espín, exasambleísta por la Revolución Ciudadana, remarcó que Ecuador pasa por un proceso de persecución política donde no hay derecho a la disidencia, aquello se evidenciaría en su destitución en el Legislativo pues se rompieron los preceptos constitucionales y legales.

“No hubo el debido proceso en la Asamblea, fue absolutamente ilegal. Ellos querían buscar un causal y lo forzan diciendo que ningún asambleísta puede ejercer otro cargo público y dicen que mi visita a la cárcel fue en un ejercicio de otro cargo”.

En ese sentido criticó el linchamiento mediático del que fue sujeta y lo calificó como un juzgamiento mediático, pues la declararon culpable incluso hasta hoy donde cuestionan la decisión de un juez que la sobreseyó del caso.

“Estamos preparando una demanda internacional al Estado (…)es importante porque tiene que sentar precedente” agregó la exlegisladora quien tampoco descarta plantear una demanda nacional contra los 94 asambleístas que votaron para destituirla de su curul. Los dos procesos los plantearía en las próximas dos semanas: “Se basaron en un chisme, nunca hubo pruebas, desde cuándo entrar a una cárcel es un delito pero así lo hizo ver la prensa”.

Enfatizó que no quiere recuperar su cargo en la Asamblea Nacional, como lo señaló un medio de comunicación: “Yo no quiero volver, eso no es verdad, porque ese ente ya no representa al pueblo, tiene 10% de aceptación, con un alto rechazo, es una institución desprestigiada”.

Sin embargo destacó que el Legislativo debería actuar de oficio, luego de que la Fiscalía se abstuvo de acusarla y del sobreseimiento del sistema judicial: “Deberían convocar, tratar mi punto y devolverme mi curul, no porque yo lo desee sino porque así se debería actuar en derecho”.

En ese contexto también mencionó que no descarta participar de próximas elecciones para el mismo cargo, aunque dijo que por el momento su plan más inmediato es regresar al país para ver a su familia: “Tengo un año lejos de mi familia que es muy pequeña en donde yo era el sostén del hogar, que mantenía a mi madre y mis sobrinos y fui separada por una persecución política”.

Espín dijo tener esperanza de un nuevo Ecuador, donde sea posible vivir en libertad y que la persecución e irregularidades sean desterradas: “¿Y cómo? Con las nuevas elecciones en las que se tienen que enterrar a las fuerzas políticas que actúan de acuerdo a sus propios intereses”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Juez que concedió Acción de Protección a Rosa Chalá fue destituido

Este jueves 12 de diciembre, el Juez de Santa Ana, Manuel Eugenio Ruiz Moreira, denunció que fue bloqueado del sistema judicial por haber dictado una Acción de Protección a favor de Rosa Chala que le permitiría reintegrarse como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Además, reveló que recibió amenazas por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura para que emitiera una sentencia desfavorable.

El magistrado grabó un video en el cual muestra un presunto bloqueo en el sistema de la función judicial con lo que se le impediría despachar causas pendientes.

“Tengo causas de alimentos pendientes, tengo que emitir resoluciones, tengo dos allanamientos y medidas de protección, en este momento se me ha bloqueado. Este problema solo lo presento yo como juez por haber emitido una resolución de índole constitucional el día de ayer”.

En este contexto, también denunció que recibió amenazas por parte de un servidor judicial que advirtió de serias consecuencias sino emitía una sentencia en contra de Rosa Chalá.

“Un servidor judicial me vino a amenazar y dijo que tendría serios problemas si dictaba a favor la acción de protección. Al parecer esto ya se está ejecutando. Me han bloqueado en el sistema, no puedo despachar”.

El magistrado recalcó que esto significaría una posible destitución de antemano por parte del Consejo de la Judicatura. De igual forma denunció que eso sería un claro intento de injerencia judicial.

«Estoy destituido de antemano; es decir, estoy en la Unidad Judicial con muchas personas en la parte de afuera que están esperando que emita una resolución y eso no puede darse. ¿Si esto no es injerencia en la potestad judicial entonces qué es?”.

Ante esto, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el cual explica que la destitución del juez de Santa Ana, Manuel Eugenio Ruiz Moreira, se dio debido a un sumario disciplinario iniciado el 22 de agosto de 2019.

«El mencionado ex funcionario incurrió en manifiesta negligencia, declarada por órgano jurisdiccional (Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí), dentro de la acción constitucional 13315 -2019 – 00154, caso Petroecuador – Marzam Cía. Ltda».

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Tito Nilton Mendoza es el nuevo Gobernador de Manabí

Este jueves 12 de diciembre de 2019 mediante decreto ejecutivo número 915 firmado por el presidente Lenín Moreno, Tito Nilton Mendoza Ordóñez fue nombrado gobernador de Manabí.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, destacó su trayectoria política y profesional. En Twitter, escribió: “¡Bienvenido Tito Nilton! A trabajar junto con el gobierno para servir a esta provincia tan querida para todo el Ecuador”.

El portovejense, el nuevo funcionario es licenciado en ciencias sociales y políticos, abogado y doctor en jurisprudencia, además fue candidato a prefecto de Manabí por el movimiento SUMA en los últimos comicios del pasado marzo.

Es hijo de Tito Nilton Mendoza Guillén (1959-2016), quien fue diputado y asambleísta constituyente por el extinto Prian, el partido del empresario Álvaro Noboa. (C.D.A.)

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Rosa Chalá afirma que su restitución es de inmediato cumplimiento

La exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Rosa Chalá, fue notificada con la resolución del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Ana, en Manabí, Manuel Ruiz, que dispuso que sea restituida en su cargo, luego de acoger una acción de protección.

Pese a que en su cuenta de Twitter la exfuncionaria, que fue destituida en agosto de este año junto con otros consejeros del CPCCS, comentó el pasado jueves 12 de diciembre que la “notificación no es susceptible de interpretación, sino de inmediato cumplimiento”, un comunicado del Consejo de la Judicatura dejaría este tema “en el aire” hasta que sea tratado en otra instancia. Esto, debido a que el mismo 12 de diciembre, el Pleno de la Judicatura resolvió destituir al juez Manuel Ruiz, por manifiesta negligencia en el caso Petroecuador – Marzam Cía. Ltda., cuyo sumario disciplinario se inició el 22 de agosto de 2019.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano