Este miércoles 12 de febrero del 2020, culminaron los 120 días de instrucción fiscal en el caso de Paola Pabón, por lo que el Fiscal Provincial de Pichincha, Alberto Santillán, dispuso el cierre de la instrucción por el delito de rebelión en contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Christian G. y Pablo D. A su vez, Santillán pidió fecha para la audiencia preparatoria de juicio en contra de los tres procesados.
Por su parte, la Contraloría General del Estado anunció que se iniciará otra investigación fiscal por la firma de un contrato con la empresa Diez Punto Comunicaciones, en septiembre del 2019. Según los datos de la Contraloría. La Prefectura de Pichincha pago $84 000 dólares por una consultoría que, supuestamente, ayude a mejores prácticas comunicacionales de los funcionarios de la Prefectura.
La actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón escribió en su cuenta de Twitter que “POR LO MENOS DISIMULEN Recién hoy a la media noche termina la instrucción fiscal por el #CasoRebelión y Contraloría General ya instrumenta un nuevo caso de persecución. ¿Hasta cuándo tanta infamia? #NoMasPersecución “.
Los procesados al momento mantienen la medida cautelar de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso del dispositivo electrónico. Hernández dijo que la instrucción fiscal termina con la imposibilidad de que ni el Gobierno, ni la Fiscalía demostraron las acusaciones.
Fuente: RTU, República del Banano
Prensa República del Banano 
Ya de cínicos se pasan, esto raya en la sinvergüenza. La Contraloría persigue políticamente a todo aquel que huela a correista. Bueno en este caso o estos casos, son correistas, leales a un proyecto progresista, social y de justicia, y eso… a este régimen vende patrias e inmoral por supuesto que no le gusta. Ya la evidencia es demasiado clara.
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El estolido Azanza le falta el respeto a una funcionaria de eleccion popular, pero aqui no hay censura para ese agravio
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jajajajaja esta rata dice estar perseguida sin disimulo alguno, cuando ésta clase de roedores deben estar bajo tierra hace rato y no en funciones públicas de las cuales no se tienen ninguna información de que carajo hace. Parece que ningún contratista quiere prestar sus servicios por el lleve, que con esa cara no debe ser barata.
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