Ante los graves hechos de violencia suscitados en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil, la Defensoría del Pueblo insta al Gobierno Nacional a realizar una investigación judicial exhaustiva y expedita de los acontecimientos, a fin de determinar a los responsables directos de las muertes y lesiones, tanto de las personas privadas de la libertad (PPL) como de los miembros de la Policía Nacional y otros que resultaron heridos.

Solicita la instauración de una profunda investigación de los órganos competentes sobre las prácticas y mecanismos ilegales que permiten el ingreso constante de todo tipo de objetos y sustancias prohibidas a los centros de privación de libertad del país, especialmente armas y sustancias estupefacientes, cuyo manejo y comercialización al interior de los establecimientos penitenciarios genera la mayor parte de los recurrentes hechos de violencia.

Es necesario que el Estado ecuatoriano dote los recursos materiales y personal técnico especializado suficiente al sistema nacional de rehabilitación social, a fin de superar o al menos aminorar las graves condiciones en las que se desenvuelven los distintos centros carcelarios del país, como se ha venido insistiendo a través de las múltiples recomendaciones contenidas en los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, señala la Defensoría.

Expresa su honda preocupación por los nuevos hechos de violencia ocurridos este 28 de septiembre, que hasta el momento dejan el saldo preliminar lamentable de más de 100 personas privadas de libertad fallecidas y 52 heridos, según cifras oficiales.

Recuerda que la Constitución de la República, en su artículo 35, reconoce como uno de los grupos de atención prioritaria a las personas privadas de libertad, precisamente por su alto grado de vulnerabilidad, debido a las limitaciones propias de su condición jurídica y al estar bajo la total custodia y protección del Estado. En concordancia con el artículo 12 del COIP, señala como derecho fundamental de las personas privadas de libertad, el respeto a su “integridad física, psíquica, moral y sexual”.

La institución urge al Gobierno central a superar la presente crisis, recordándole que organismos internacionales como el Comité contra la Tortura en su informe de Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador llamó la atención al Estado ecuatoriano por varias situaciones vinculadas a las condiciones de privación de libertad, por lo cual dispuso una serie de recomendaciones que no han sido observados. La misma situación estaría suscitándose respecto a las disposiciones emitidas por la Corte Constitucional sobre la integridad personal de personas privadas de libertad, en donde refuerza el papel garantista que tiene el Estado, así como en el Auto de fase de seguimiento y acumulado, que, entro otros aspectos, resolvió el diseño de “una política pública integral, debidamente financiada que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social que vive el país con la participación de instituciones estatales y miembros de la sociedad civil”.

La Defensoría cita instrumentos internacionales de derechos humanos, como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que establece que “de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad y entre éstas y el personal de los establecimientos”, estableciendo entre otras medidas las siguientes: garantizar una separación adecuada de las personas privadas de libertad, evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, así como establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano